Capítulo · 29 de mayo de 2026
Regulan la IA sin saber IA
España empieza a regular sistemas de inteligencia artificial con inventarios, supervisión y sanciones. El capítulo explica qué se quiere controlar, por qué la responsabilidad importa y cómo cambia la frase cómoda de “lo decidió el sistema”.
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Clip · 29 de mayo de 2026 · 45s
Se acabó eso de “lo decidió el sistema”
Durante años, “lo decidió el sistema” ha sido la frase mágica para no explicar nada. España quiere regular el uso de la inteligencia artificial:...
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España empieza a regular la inteligencia artificial.
En algún servidor, muy remoto ahora mismo, un
algoritmo acaba de descubrir que en España hasta
el futuro tiene que pasar por ventanilla.
Ayer eras inteligencia artificial, hoy eres un sujeto
supervisable.
Bienvenido, coge número porque empieza Prompt & Play.
El 26 de mayo de 2026, el Consejo
de Ministros aprobó el proyecto de ley orgánica
para el buen uso y la gobernanza de
la inteligencia artificial.
Ahora va al Congreso, puede cambiar, pero ya
sabemos hacia dónde va.
España quiere aplicar aquí el EIA Acte Europeo
con autoridades, multas, inventarios y reglas para que
la inteligencia artificial que se mete en decisiones
delicadas puedan responder.
Así que bueno, se acabó eso de lo
decidió el sistema, porque el sistema ha sido
el mejor empleado en los últimos años.
Trabaja gratis, no protesta, no pide vacaciones y
cuando va mal nadie sabe dónde vive.
Cuando una empresa te descarta o un banco
te pone una mala nota, una administración te
deja en espera eterna y preguntas qué ha
pasado y alguien con una paz insultante te
dice que ha sido el sistema.
Como si fuera una aparición mariana con Wi
-Fi.
La nueva ley intenta hacer algo un poco
básico.
Si usas inteligencia artificial en algo serio tienes
que poder explicar qué has usado y quién
responde.
El EIA Acte Europeo divide la EIA por
riesgos.
Hay algunos usos que directamente están totalmente prohibidos,
como por ejemplo manipular personas, explotar vulnerabilidades, usar
biometría para sacar conclusiones íntimas y lo que
más miedo me da desde que vi Black
Mirror, montar puntuaciones sociales.
La puntuación social es una idea que sólo
puede gustarte si eres macabro y te gustan
las encuestas de satisfacción.
Ya te valoran después de un taxi, después
de una llamada al banco, incluso después de
comprar un maldito cargador.
Sólo faltaba que el Estado encima pudiese decir
que eres un ciudadano correcto dependiendo la puntuación.
Luego, bueno, están los usos de alto riesgo.
Aquí entra la inteligencia artificial que toca trabajo,
educación, justicia...
Bueno, ya sabéis.
La ley no la expulsa de esos sitios,
sino que encima le pone condiciones.
Les obliga a documentar, probar, supervisar y dejar
rastro y sobre todo que haya una persona
capaz de revisarlo.
Ahora viene la parte que nos gusta, la
del dinero.
¿Cuánto cuesta violar estas normas?
Pues hasta 35 millones de euros o el
7% de volumen de negocio mundial en
los casos más graves.
Hay una parte que es especialmente seria, que
son los deepfake sexuales.
La Unión Europea acordó el 7 de mayo,
con impulso de España y apoyo de Francia,
prohibir sistemas que generen deepfakes sexuales no consentidos
y material de abuso sexual infantil.
Y aquí no hay chiste.
Crear una imagen sexual falsa de alguien sin
permiso es macabro y violencia y me alegro
de que se trate como lo que es,
un delito.
La administración también entra en la ley.
Si el sector público usa inteligencia artificial en
procedimientos administrativos, tendrá que apuntarlo.
Si una IA participa en tu expediente, tiene
que estar registrado y no puede quedar oculto
como si fuese una tragedia informática, porque ya
era bastante difícil saber qué pasa con un
trámite cuando lo lleva un humano.
Añadir una caja negra y llamarlo modernización era
demasiado optimismo incluso para nosotros.
Bueno, la ley también habla de sandboxes, que
son los entornos de prueba.
Porque tiene sentido.
Antes de soltar una inteligencia artificial en decisiones
reales, que se equivoque en un sitio controlado,
como hacemos todos.
Ahora le toca al Congreso.
Habrán cambios y habrá pelea.
Habrá titulares diciendo que esto frena la innovación.
Y bueno, para eso está el debate, ¿verdad?
Pero la dirección creo que es buena.
La IA puede ayudar muchísimo.
Puede quitar papeleo absurdo, detectar errores, acelerar trámites.
Perfecto.
¿Que ayude?
Para mí me parece genial.
Pero si decide, recomienda o empuja una decisión
que afecta a alguien, tiene que dejar huella.
Y alguien tiene que firmar.
Y hay una cosa que me preocupa de
la misma manera que me preocupó lo del
EA de Acte Europeo.
Y es que España no está poniendo ingenieros
de IA a regular la inteligencia artificial.
Está poniendo a políticos, juristas y reguladores de
datos a controlar donde la inteligencia artificial toca
derechos.
Y eso, bueno, no es automáticamente malo.
Pero si detrás no hay músculo técnico real,
la ley corre el riesgo de regular powerpoints
mientras sus modelos hacen parkour por detrás.
Personas que son relevantes en este caso ha
sido Óscar López, que es el ministro para
la transformación digital y de la función pública.
María González Veracruz, que es la secretaria de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial o Alberto
Gago Fernández, que es el director general de
la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.
Como veis, son tres personas que creo que
están muy capacitadas, pero que técnicamente no han
trabajado con la inteligencia artificial.
Así que ya veremos lo que pasa.
De momento toca esperar y ver cómo va
el debate.
Esto ha sido Prompt and Play.